Editorial 155. Ataduras físicas y económicas.

Ataduras físicas y económicas.

Una vez más las circunstancias nos obligan a tratar en este apartado el tema de la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia” más conocida como “Ley de Dependencia”. Y es que no podemos pasar por alto los datos que han hecho públicos desde el Observatorio Estatal para la Dependencia, y que son, cuando menos, sorprendentes.

 

Hace diez años que se puso en marcha, a bombo y platillo, dicha ley. Se hizo con tanta parafernalia porque hacía gala de ser, y seguro que lo sigue siendo al menos en su espíritu, uno de los principales avances sociales que se han hecho hasta el momento y que se harán en mucho tiempo. No en vano fue considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar junto a la educación, las pensiones y la sanidad. Constituyó un nuevo derecho social y universal para proteger a la población más frágil por edad, discapacidad o ambas causas.

 

Todo un sistema de servicios que ha generado miles de empleos y que ha liberado parte de la carga de cuidados que recae sobre las mujeres (como hijas, madres o cónyuges). O al menos era lo que se pretendía, y se planificó una inversión de 12.638 millones de euros hasta el 2015. Sobre el papel, claro, porque otra cosa fue la puesta en marcha de un sistema muy complejo.

 

Y luego llegó la tan cacareada crisis y con ella llegaron los famosos recortes, primero de Zapatero y después de Rajoy; y lo que en principio iba a estar sufragado a partes iguales por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, son estas últimas sobre las que recae el mayor peso. Desde 2012, las comunidades autónomas han dejado de recibir más de 3.672.000 euros destinados a las prestaciones para las personas con dependencia. Un recorte que afecta de manera directa a los 865.564 beneficiarios que están en la actualidad siendo atendidos en el Sistema.

 

Así que son ellas, las Comunidades Autónomas las que hacen tiran “p’alante con el chiringuito”, mejor o peor, ya que cada comunidad autónoma aplica el Sistema de Atención a la Dependencia a un ritmo distinto y dependiendo de unos factores. Entre ellos, la capacidad de asumir su lista de espera, los problemas acumulados o la cobertura diferenciada. Todo ello hace que las personas dependientes perciban su prestación de manera irregular según donde residan, como siempre.

 

Según el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, en 2016, la Administración General del Estado sólo aportó el 17% del gasto público del Sistema. El 83% restante, lo hicieron las comunidades autónomas (62,8%) y los usuarios a modo de copago regulado (20,4%), y así no se puede seguir adelante.
En los últimos cuatro años, el recorte acumulado del Estado en dependencia asciende a  3.734 millones de euros, según el observatorio. Esto se traduce en la cantidad de prestaciones miseria que vienen recibiendo gran parte de los beneficiarios, con lo que algo que en un principio fue el orgullo de un país, hoy en día constituye una burla a los ciudadanos que necesitan de estas ayudas para tener una vida digna.

 

Esta ley, parece que sirve para salvar el expediente y para que desde fuera parezca que nuestro Estado de bienestar funciona a la perfección. A nuestros próceres políticos se les llena la boca diciendo que se atiende a un 2,6% de la población, es decir a un total de 1.213.873 personas que tienen reconocida su situación de dependencia, pero claro lo que se callan es que lo hacen con prestaciones irrisorias de por ejemplo 30 € al mes en gran cantidad de casos. También se callan o como mucho enseñan de tapadillo datos como que de ese número de dependientes, un 29% no están atendidos, pues cerca de 350.000 están en lista de espera. Y no hay que olvidar de lo que estamos hablando. No se trata de personas que hacen cola para entrar a un concierto, se trata de personas que no se valen por sí mismas, que padecen enfermedades que ocasionan grandes discapacidades.

 

Parece necesario hacer hincapié en que la mitad de las personas de ese total que están en lista de espera son dependientes severos o grandes dependientes. Según los datos expuestos por el informe de este observatorio, casi cuatro de cada 10 son dependientes con grados II o III, lo que quiere decir que la mayoría de ellos necesitan atención extendida y en ocasiones hasta continuada para su autonomía personal.

 

Quizás pueda resultar muy duro, y para algunos bastante demagógico, pero el organismo que hace públicos estos datos, el Observatorio Estatal para la Dependencia, para hacer visible este problema estima que 90 dependientes fallecen al día -una cada 15 minutos- sin haber podido percibir las prestaciones a que tienen derecho. Es por ello que, según el presidente del observatorio, “procede, al menos, recuperar lo recortado plasmándolo en los presupuestos de este año”.

 

No obstante, no todo es negativo y es que el pasado mes de diciembre, coincidiendo con el décimo aniversario de la Ley, los representantes de la mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados (con la sola excepción del PP y del PNV) suscribieron un pacto por la reversión, para los Presupuestos Generales del Estado de 2017, de los recortes producidos y con el compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años. También se pactó estudiar el futuro de la financiación del sistema para ver su integración en el ámbito de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

 

Y aunque ya pocas cosas tienen la facultad de ilusionarnos, pues siempre todo queda en agua de borrajas, parece que esta moción tiene visos de llegar a buen puerto pues el Gobierno tendrá que revisar los criterios del copago para financiar dicha ley, después de que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobara el pasado 23 de febrero la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

 

Es la primera vez que una propuesta de carácter social llega al Parlamento por esta vía, y respaldada por más de 740.000 firmas, una vez que pase el filtro de la comisión parlamentaria, llegará al Pleno como Proyecto de Ley para su debate. La mayoría de los grupos parlamentarios han avalado en sus intervenciones esta propuesta, que ha sido defendida por el portavoz de la plataforma (a la sazón presidente del CERMI) que promueve las modificaciones legislativas, que paliaran los errores de la mencionada ley que no contenía una memoria económica de la misma.

 

A ver, si ya de una vez por todas, se rompen las ataduras que hacen del dependiente un ser maniatado doblemente, primero por su dependencia física y después por su dependencia económica.

 

 

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