Adiós disminuidos, hola personas con discapacidad.
Seguramente no lo notemos en nuestra vida cotidiana; pocas cosas, por no decir ninguna, cambiarán en nuestro duro día a día; pero por fin, después de 46 años, han dejado de insultarnos pública y oficialmente. Hemos dejado de ser “disminuidos”.
Nunca es demasiado tarde para corregir un agravio contra un colectivo ya de por sí denostado, pero ya iba siendo hora de que nuestros próceres políticos se pusieran de acuerdo para enmendar esa ofensa continuada en el tiempo y cambiar esa palabra por otra expresión más amable y respetuosa.
Cuesta creer que haya tenido que pasar casi medio siglo para ponerse manos a la obra y abordar este cambio tan reivindicado por nuestro colectivo. Pero lo que resulta más increíble es constatar que sea precisamente ahora, en estos momentos tan convulsos políticamente hablando en los que campa una palpable crispación que se traduce en una extrema polarización, se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante esta reforma constitucional de modo “casi” unánime.
Demasiado tiempo cargando con esta etiqueta tan denigrante e hiriente en sí misma, pero que colocada en el texto en el que estaba, era aún más insoportable. Ese texto no era, ni más ni menos, que nuestra Carta Magna, la Constitución Española, que recoge las normas y reglas de convivencia pactadas y acordadas el 29 de diciembre de 1978, para que fuera de forma explícita un referente continuo que dictamine las normas básicas necesarias para establecer el estado de derecho.
Aunque lo saben de sobra nuestros avispados lectores, parece oportuno recordar que la polémica palabrita aparecía en el Artículo 49 de la misma, que rezaba textualmente: ”Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. El término en cuestión se sustituye a partir de ahora por “personas con discapacidad”.
Resulta paradójico que se haya usado durante tanto tiempo, ese vocablo tan discriminatorio precisamente en este Título de la Constitución que trata de la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos, e insta a la protección, inserción e integración social de las personas más vulnerables.
La palabra es el contenedor básico de significado. Es la expresión que una lengua usa para designar a las cosas, lo cual no es algo arbitrario pues esconde la historia, el recorrido y la manera de ver el mundo de una sociedad. Así pues, es evidente que a través de los vocablos usados es la mejor forma de conocer el modo de entender la realidad de ese momento y la cultura subyacente. Y el uso de esa locución para designar a personas con discapacidad dice mucho del contexto social en que se redactó dicha norma hace casi medio siglo.
Posiblemente, en aquel momento en el que una persona con discapacidad era un ser al que había que ocultar o encerrar, usar el término disminuido era apropiado, oportuno e incluso muy “fino” y bien visto. Sin embargo, hoy día en el que la discapacidad es entendida como una forma más amable y diferente de relacionarse las personas con el mundo, ese término es simplemente ofensivo, vejatorio y humillante.
A lo largo de nuestra ya extensa trayectoria (23 años nos contemplan), desde esta tribuna hemos tratado en varias ocasiones el tema de la importancia de las palabras, pero no nos cansaremos de repetir que es primordial no herir a nadie con las palabras. Es decir, no menospreciar ni “minusvalorar” las capacidades de cualquier persona.
Creemos, por tanto, que hay que educar en la reflexión de las connotaciones que tienen los términos que se suelen usar para referirse a las personas con alguna discapacidad. Vocablos como discapacitados, minusválidos, inválidos, subnormales, retrasados, disminuidos, tullidos o incapacitados, deben ser eliminados del lenguaje de la sociedad, y utilizar otros más correctos y amables como persona con una discapacidad.
En fin, que celebramos esta histórica reforma, pero no hay que dormirse en los laureles y también tenemos claro que éste es solo un paso, otro paso más, para conseguir otros avances sociales en el mundo de la discapacidad. Hay que seguir progresando en el oportuno enfoque de nuestros derechos, la defensa de la inclusión y vida independiente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones representantes de la discapacidad, el lenguaje inclusivo…
