Pasa el tiempo y no pasa casi nada.

Hace ya dos años, a raíz de la publicación en el  Boletín FEDAES 141 del artículo sobre la accesibilidad del discapacitado a su propia casa, habíamos apuntado en nuestra agenda una fecha para que no se nos olvidara hablar de ella. Ya se sabe, cosas que hoy día facilita la técnica que avanza que es una barbaridad. Y este mes ha saltado la alerta de Google, aunque no hubiera hecho falta porque ya diferentes medios se han hecho eco de ello.

Ineluctable e inexorablemente el tiempo pasa. De forma lenta, sí, pero con su ritmo continuo e implacable hace que todo llegue. Y por fin acaeció el día D, el día 4 de diciembre de 2017.

Y muchos se preguntarán: ¿qué pasa con esa fecha? Pues ni más ni menos que es cuando se cumple la moratoria que da la ley ( Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social) a organismos públicos y privados para que hagan los “ajustes razonables” en inmuebles y servicios para poner en marcha la llamada “accesibilidad universal”.

A partir de este momento se supone que viviremos en un mundo sin barreras, en el que no habrá desigualdad ni discriminación hacia las personas con discapacidad y se reconocerán todos nuestros derechos sociales en ámbitos como en las telecomunicaciones y sociedad de la información; los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; en los transportes; en los bienes y servicios a disposición del público; en las relaciones con las administraciones públicas; en la administración de justicia; en el patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico y, como no, en el empleo.

Vamos, que aunque parezca mentira todo esto no es una quimera; que a partir hoy esto va a ser mucho mejor que Jauja, aquel país imaginario de Lope de Rueda donde a la gente le pagaban por dormir, se castigaba a los trabajadores, las calles estaban pavimentadas de yemas de huevo y corrían ríos de leche y miel.

Lo malo es que la mayor parte de las medidas que en esa ley se disponen ya debería estar en vigor desde hace cuatro años y los que debíamos haber notado algo, seguimos sintiéndonos discriminados por nuestras circunstancias un tanto especiales.

Sí, es cierto que somos bastante “complicados” precisamente por las circunstancias que nos adornan, pero que levante la mano el/la que no pueda entrar en la mayor parte, no ya de bares y restaurantes, sino de inmuebles en general; qué persona discapacitada no sigue teniendo problemas para encontrar un lugar público con un baño “digno”, cuando menos accesible, en el que aliviar sus necesidades corporales propias de la especie humana; quién de nuestro gremio rodante no sigue dando un enorme rodeo o esperando en la calle, haga frío o calor, porque uno o más escalones se interponen en su camino de vida activa e independiente; quién puede viajar sin problemas en trenes de cercanías, autobuses de línea regular, incluso modernos AVE cuando coinciden varios usuarios de sillas de ruedas; qué ser vivo discapacitado no siente día a día la compañía inestimable de la “inclusión social” cuando pide un trabajo… Y así podríamos llenar páginas y páginas porque sí, el tiempo pasa pero en lo nuestro no ha pasado casi nada, y si bien es cierto que las cosas van mejorando, lo es más que queda mucho por hacer.

Evidentemente, esto no es la arcadia feliz e idílica de los poetas griegos pero al menos ya hay algo donde agarrarse cuando nos quejemos, reclamemos o protestemos; porque una cosa si hay que tener clara, que si queremos que se respeten nuestros derechos debemos ser nosotros mismos los que exijamos que se cumplan las leyes. Y lo bueno de ésta es que especifica el régimen de infracciones y sus respectivas sanciones que pueden llevarse a cabo ante el incumplimiento de las normas; y es que ya se sabe que el españolito de a pie entiende mejor las cosas por la cartera que por los oídos.

Así que ya sabemos, a leernos con un mínimo de atención la ley en cuestión para saber que podemos pedir y qué no, y no cortarnos en exigir que no pisoteen nuestros derechos.

 

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